Ley 21.505

La Ley 21.505, cuyo título oficial es "Promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad", fue promulgada el 8 de noviembre de 2022 y publicada en el Diario Oficial el 21 de noviembre de 2022. No es un cuerpo legal autónomo: tiene un artículo único que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) en sus artículos 72°-2, 72°-17, 72°-18, 149°, 149° bis, 149° ter y 225, más tres artículos transitorios. Su técnica es agregar los sistemas de almacenamiento de energía (SAE) donde la ley solo nombraba a los medios de generación: coordinación, venta de energía y potencia, conexión a la red e inyección bajo net billing. También incorporó al artículo 225 el sistema generación-consumo —por ejemplo, producción de hidrógeno o desalinización con generación renovable propia—, que paga cargos de cliente solo por la energía y potencia que retira de la red.

En el mercado eléctrico, el cambio de fondo está en el artículo 149°. Desde la Ley 21.505, todo propietario de un sistema de almacenamiento sincronizado al sistema tiene derecho a vender la energía que evacue al costo marginal instantáneo y sus excedentes de potencia al precio de nudo de la potencia, participando en las transferencias entre empresas. Las distribuidoras, además, deben permitir la conexión de sistemas de almacenamiento con excedentes de hasta 9.000 kW. La bajada reglamentaria vino después: el D.S. N° 70 de 2023 del Ministerio de Energía, publicado el 5 de junio de 2024, sumó los sistemas de almacenamiento a la asignación de potencia de suficiencia, y el D.S. N° 1 de 2026, publicado el 13 de junio de 2026, extendió el reglamento de pequeños medios de generación a los sistemas de almacenamiento de pequeña escala.

En el autoconsumo, la ley modificó el artículo 149 bis, el del net billing: los usuarios finales sujetos a fijación de precios que dispongan de sistemas de almacenamiento, incluidos los que forman parte de un vehículo eléctrico, pueden inyectar a la red de distribución la energía que generen o almacenen. No cambió el tope de 300 kW por inmueble o instalación ni el precio de las inyecciones: la energía que entrega una batería se descuenta de la cuenta como cualquier otra. Para una empresa, la batería queda reconocida, pero el net billing no la exige ni la premia: conviene cuando el perfil de consumo rentabiliza guardar el excedente del mediodía. El reglamento de generación distribuida (D.S. N° 57 de 2020) no trae reglas propias para el almacenamiento en su texto de 2020; el Ministerio de Energía abrió en 2024 su actualización, junto con la del D.S. N° 88.

Lo que más se confunde es qué creó esta ley. El concepto legal de sistema de almacenamiento no nació con ella: lo definió la Ley 20.936, de 2016, en el artículo 225 de la LGSE. Lo que faltaba, y lo que habilitó la 21.505, es que los sistemas puros de almacenamiento, no asociados a una central, participen de las transferencias de energía y potencia. Tampoco hay que mezclar sus dos mundos: la batería detrás del medidor de una empresa descuenta su propia cuenta bajo net billing, mientras que un SAE coordinado vende al costo marginal (lo desarrolla el término BESS). Y en electromovilidad hace dos cosas: reconoce la batería del vehículo eléctrico como almacenamiento dentro del net billing y exime total o parcialmente del permiso de circulación a ciertos vehículos eléctricos; la regulación de la interoperabilidad de la recarga, en cambio, viene del artículo 6° de la Ley 21.305.