Concesión de distribución

La concesión de distribución es la autorización que el Estado chileno otorga a una empresa para operar la red eléctrica —postes, transformadores, cables de baja y media tensión— dentro de un territorio delimitado, llamado zona de concesión. La otorga el Ministerio de Energía, previo informe técnico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos. Una vez concedida, la distribuidora adquiere el derecho a usar bienes nacionales de uso público —calles, plazas, veredas— para tender sus líneas, a cambio de la obligación de dar servicio a cualquier usuario dentro de esa zona que lo solicite, respetando las tarifas reguladas.

La razón por la que cada zona tiene una sola distribuidora no es arbitraria: la distribución eléctrica es un monopolio natural. Tender dos o más redes de cables paralelas para competir por el mismo cliente sería absurdo desde el punto de vista económico y urbano —duplicaría postes, zanjas y costos sin beneficio real—, así que la ley opta por autorizar a un único operador por zona y regularle la tarifa y la calidad de servicio, en vez de dejar que compitan varias empresas por las mismas calles.

Para una empresa que evalúa instalar paneles solares bajo net billing, esto tiene una consecuencia práctica directa: no hay libertad de elegir distribuidora. La comuna donde está la instalación determina, sin excepción, con qué empresa hay que tramitar la conexión, firmar el contrato de net billing y coordinar la instalación del medidor bidireccional. No existe la opción de cambiarse a otra distribuidora aunque el servicio, los plazos o la atención de la que corresponde por zona no sean los ideales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la generadora eléctrica en el mercado libre. Conocer de antemano cuál es la distribuidora de la comuna —información que varía incluso entre comunas vecinas dentro de la misma región— es un paso obligado antes de cotizar un proyecto solar.