Capacidad instalada permitida

La capacidad instalada permitida (CIP) es el techo de potencia de generación que un usuario puede conectar en un punto determinado de la red de distribución sin gatillar obras adicionales ni adecuaciones en esa red. La define la empresa distribuidora (Enel, CGE, Chilquinta, Saesa o la cooperativa que corresponda) a partir de las condiciones eléctricas reales del punto de conexión: la capacidad del transformador o del alimentador, la potencia de cortocircuito disponible y la generación ya conectada o prevista aguas arriba. Se expresa en kilowatts y convive con un segundo tope, la inyección de excedentes permitida (IEP), que limita cuánta energía se puede verter a la red y que, por norma, nunca puede superar el valor de la CIP: si por su cálculo lo sobrepasara, la IEP se iguala a la CIP. Ambos son conceptos de la Norma Técnica de Conexión y Operación de Equipamientos de Generación en Baja y Media Tensión de la SEC, el reglamento que operacionaliza la ley de generación distribuida en Chile.

En la práctica chilena la CIP aparece cuando un proyecto no califica al proceso expeditivo, la vía simplificada de conexión. Ese proceso rápido exige, entre otros criterios copulativos, que la capacidad del equipo sea menor a 10 kW en baja tensión y menor a 30 kW en media tensión, que no supere el 20% de la capacidad del transformador (en baja tensión) ni el 15% de la capacidad nominal en la cabecera del alimentador (en media tensión). Un autoconsumo empresarial serio casi siempre excede esos umbrales, así que cae al régimen general: la distribuidora calcula la CIP como el valor más restrictivo entre el criterio de fluctuación de voltaje y el de corriente de cortocircuito, y determina la IEP. Si la potencia del equipo es menor o igual a la CIP y la inyección menor o igual a la IEP, la conexión procede sin obras y la distribuidora tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para responder la solicitud; si el proyecto supera cualquiera de los dos topes, deben realizarse estudios de conexión (plazo de 20 días hábiles) que dirán si hacen falta adecuaciones u obras adicionales, con sus costos a cargo del interesado.

Todo esto opera dentro del régimen NetBilling de la Ley 21.118, publicada el 17 de noviembre de 2018, que reemplazó a la Ley 20.571 y elevó el tope de autoconsumo de 100 kW a 300 kW: la capacidad instalada por cada inmueble o instalación de un cliente o usuario final no puede superar los 300 kilowatts. Es clave no confundir ese límite legal con la CIP. Los 300 kW son el máximo que la ley permite acoger bajo NetBilling en un inmueble; la CIP es el máximo que ese punto físico de la red tolera hoy sin refuerzos. Una empresa puede tener perfectamente derecho a instalar 250 kW por ley y, aun así, encontrarse con una CIP de, por ejemplo, 80 kW en su empalme porque el alimentador ya está cargado con otra generación. La ley habilita; la CIP restringe según la infraestructura concreta.

Para una empresa que evalúa una planta de autoconsumo de hasta 300 kW, la CIP es un dato que conviene pedir temprano, antes de cerrar el dimensionamiento. Determina cuántos kW se pueden efectivamente conectar e inyectar en ese empalme y, por lo tanto, si el proyecto entra sin fricción o si obliga a costear refuerzos de red que pueden cambiar la economía del negocio. También abre alternativas: cuando la inyección proyectada supera la IEP, la norma admite instalar un dispositivo que limite la inyección a un valor menor o igual al tope permitido para ajustarse y evitar obras, opción razonable cuando el objetivo es autoconsumir más que vender excedentes. Un matiz útil: si la capacidad del equipo no supera el 40% de la CIP, la norma exime al usuario de presentar la manifestación de conformidad, señal de que un proyecto holgado respecto del techo del punto se tramita con menos pasos. Por eso, distintos empalmes de una misma empresa pueden tener CIP muy distintas, y conviene evaluar el punto de conexión caso a caso en lugar de asumir que el límite de 300 kW está siempre disponible.